Fraude en incapacidad temporal y coste de repercutido al trabajador que defrauda
El de incapacidad temporal (IT) es un proceso que se define por una limitación severa del trabajador para desempeñar de forma eficiente su trabajo, estando contraindicado para su recuperación prestar servicios. La empresa y la entidad aseguradora están obligados a abonar una prestación, el trabajador a poner todos los medios para su pronto restablecimiento, no trabajar, y no simular síntomas que lleven a los profesionales que le traten a iniciar o prolongar el tiempo de incapacidad.
Esto, que parece un planteamiento simple y sensato, tiene miles de peculiaridades que se someten al criterio de los tribunales con frecuencia. Casos típicos de controversia son aquellos en los que la empresa tiene constancia (las redes sociales son una ventana abierta a la vida privada de lo más indiscreta) de que el trabajador está haciendo tareas o desempeñando roles que le parecen incompatibles con un baja.
El empresario, salvo que el trabajador le informe directamente, no puede saber qué patología concreta aqueja a su empleado, ya que es un dato que no se le facilita. Por tanto, valorar lo que es compatible o no tiene un factor de riesgo, ya que es una suposición. La empresa sobre esa suposición, que debe acreditar, en no pocas ocasiones procede a despedir al trabajador sintiéndose estafada por la actitud de este.
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía llegó una reclamación cruzada de cantidades entre un trabajador y su empresa. Él reclamaba el finiquito de su despido (declarado procedente al tener por probada la actuación fraudulenta del trabajador al compatibilizar durante su periodo de incapacidad temporal con actividades incompatibles con su proceso de recuperación médica -en concreto, pinchar como DJ en varias fiestas de locales de hostelería durante la IT- ); la empresa planteó una contrademanda pidiendo los gastos originados por la actuación ilegítima del trabajador. Reclamando 3.157,06 euros se encontró con una respuesta en la que se le reclamaban 17.684,43.
Esos 17.684,43 euros que la empresa estimaba como perjuicio, incluían: los gastos del detective, los del notario, los del abogado (aunque no había condena en costas con origen en ese primer proceso) y las cantidades abonadas durante la IT (salario y cotizaciones).
El Tribunal considera que no puede admitir el perjuicio en lo que a las cantidades de IT se refiere, ya que la IT es un proceso abonado por la Seguridad Social y la empresa no había promovido previamente la anulación del mismo. Ahora bien, en lo que respecta a las cantidades derivadas de los costes que ha tenido que asumir para determinar ante un Tribunal el incumplimiento contractual que lleva a la procedencia del despido, sí admite la obligación del trabajador de hacerse cargo de los gastos originados al sujeto pasivo del engaño, su empleadora, dado que “no fueron los facultativos del SAS los engañados con la conducta del recurrente, sino la empresa, que tuvo que asumir las consecuencias de una incapacidad temporal compatibilizada con pinchar discos en diferentes eventos musicales, pese a la indicada depresión neurótica que le fue diagnosticada al trabajador”.
Reclamando unos 3.000 euros (que, efectivamente, se le debían por la liquidación de haberes) termina el trabajador teniendo que abonarle a su empleadora algo más de 700 euros. Que podrían haber sido muchos más si la empresa hubiera conseguido anular previamente el proceso de IT. Probablemente la situación nunca se hubiese dado si el trabajador hubiera renunciado al finiquito. Una vez teniendo que ir a pleito, la empresa procede a reclamar lo invertido en fundamentar la situación de fraude durante la IT que llevan a un despido justificado.
Es infrecuente que la empresa repercuta este tipo de costes en el trabajador incumplidor, pero no cabe duda que constituye una posibilidad interesante.
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Fuente: gestores.net
