Las ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la crisis del coronavirus siguen estancadas

Los autónomos temen que se queden sin dar la mitad de las ayudas directas

Las ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la crisis del coronavirus siguen estancadas. Desde que se aprobara el decreto el pasado 31 de marzo, se ha solicitado menos de la mitad de este dinero por parte de los empresarios, según alerta la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Esta asociación ya advirtió el pasado mes de julio de que solo se habían solicitado el 40% de los 7.000 millones de euros en ayudas directas, pero durante agosto la situación apenas ha variado.

“Los avances que se han producido no son cuantiosos. Ha avanzado por ejemplo en Madrid, que ya está en torno al 54% del presupuesto que se ha dado a esta comunidad. Canarias y Baleares están en el 80%, Castilla La Mancha está por encima y el resto se encuentran en datos absolutamente pírricos”, indica Eduardo Abad, presidente de UPTA.

Abad asegura que la asociación que dirige le ha trasladado a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, la necesidad de incluir dos cambios clave en el acceso a las ayudas. Por un lado, que el único requisito que se tenga en cuenta para acceder a los fondos sea la caída de la facturación por la pandemia (dicha disminución debe de haberse producido antes de la publicación del Real Decreto), que ha de ser de más de un 30%; y por otro, que se permita utilizar el dinero para el pago de deudas con el Estado, permitiendo condonar deudas con Hacienda o la Seguridad Social.

Ahora, con la ley tal y como está, una de las condiciones es que todos aquellos que quieran acceder a la ayuda deben de tener facturas pendientes con un proveedor. Este punto, señalan tanto desde UPTA como en ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), es el principal motivo del estancamiento de los fondos.

“Para mí el titular es que España hace el ridículo con su línea de 7.000 millones de euros de ayuda. Digo el ridículo porque no se va a gastar ni la mitad. Y la mitad de los fondos se va a gastar por las hosteleras y las empresas grandes, precisamente no por los autónomos”, denuncia, por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor. “El Ministerio no está por la labor de cambiar estas ayudas. Yo entiendo que cuesta trabajo reconocer que se han equivocado, pero es que aquí está en juego la supervivencia de muchos autónomos”, se queja Amor, quien a su vez es vicepresidente de CEOE.

“A la altura que estamos ya y para que las comunidades autónomos puedan sacar una convocatoria extraordinaria, lo primero que tendrían que hacer es ampliar la duración de estas ayudas del 31 de diciembre al 31 de marzo”, explica Amor. “Lo segundo que tendría que hacer ese real decreto es eliminar el apartado de las pérdidas en el año 2019. Lo tercero es permitir que se pueda hacer frente al pago de facturas a 31 de diciembre de este año o a 31 de marzo del que viene. Y cuarto permitir que todos aquellos autónomos que tengan deudas con Hacienda contraídas durante el periodo de alarma sí puedan acogerse a la ayuda”, enumera el presidente de ATA.

La posición del Gobierno

Por su parte, la cartera dirigida por Calviño, asevera que “el objetivo del Ministerio es que las ayudas se repartan y lleguen a las empresas que más lo necesitan”, y que con este fin llevan meses trabajando con las comunidades autónomas para tratar de mejorar el reparto de los fondos. Será en esta línea de actuación en la que sigan trabajando, exponen desde el ministerio de Economía, dado el margen de actuación con el que cuentan las regiones.

Aunque el departamento dirigido por Calviño no lo explicita, entra en juego aquí la interpretación hecha por algunas regiones de que las ayudas pueden cubrir pérdidas contables generadas por la pandemia, como han asumido Canarias, Baleares o la Comunidad Valenciana. Un terreno que otros territorios podrían explorar ahora. Para ampliar los plazos de petición de ayudas más allá del plazo límite, sin embargo, sería el Gobierno quien tendría que impulsar una modificación legal, algo que a apenas unos meses de la fecha límite no se contempla aún.

Fuente: cincodias.elpais.com

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