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Durante los últimos años, el Gobierno ha promovido políticas dirigidas a aumentar la edad media de jubilación, introduciendo mayor flexibilidad para compatibilizar salario y pensión, además de endurecer las condiciones para las jubilaciones anticipadas.
La Agencia Tributaria ha anunciado la implementación de nuevas iniciativas para fortalecer el control fiscal sobre autónomos y empresas.
Los representantes del Ministerio de Trabajo y los sindicatos ultimaron en la noche de este jueves el texto definitivo del acuerdo para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales, calculadas en promedio anual, sin que ello implique una reducción salarial.
Los juzgados han comenzado a anular las liquidaciones de la plusvalía municipal con pérdida que se consideraban firmes, siguiendo la nueva doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia del 28 de febrero de 2024.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado procedimientos sancionadores contra 106 empresas por presuntas infracciones de la normativa de prevención de riesgos laborales durante la reciente DANA.
El Tribunal Supremo (TS) ha clarificado la forma en que debe tributar en el IRPF la venta del total de participaciones de una empresa por parte de un socio, resolviendo las discrepancias que existían en los juzgados sobre este asunto.
Los contribuyentes en España podrán utilizar Bizum para presentar su declaración de la renta durante la campaña de 2025.
Los agentes sociales se reunirán el próximo lunes para discutir sobre el tema, en medio de tensiones generadas por las declaraciones de la ministra la semana pasada, cuando introdujo la idea de «bajas flexibles».
El Gobierno ha presentado una nueva propuesta a la CEOE y Cepyme con el objetivo de obtener su apoyo para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales para el año 2025, sin afectar los salarios.
El Tribunal Supremo (TS) respalda que la Agencia Tributaria pueda llevar a cabo múltiples inspecciones al mismo tiempo y de manera paralela a todas las personas involucradas en el uso fraudulento de una empresa para facturar, en lugar de hacerlo como persona física, con el objetivo de reducir el pago del IRPF.