El plazo ha expirado para las empresas de entre 50 y 249 empleados, que debían implementar un canal de denuncias según la nueva Ley de Protección del Informante, en vigor desde el 13 de marzo con un periodo de adaptación para pymes hasta el 1 de diciembre. A partir de ahora, estas pequeñas y medianas empresas, alrededor de 20.000 en 2022 según el INE, enfrentan una nueva exigencia regulatoria, y el incumplimiento podría resultar costoso.
La ley prevé multas que van desde 1.001 euros por infracciones leves hasta un millón de euros por las más graves. Directivos y administradores podrían enfrentar multas de 1.001 a 10.000 euros para infracciones leves, de 10.001 a 30.000 euros para graves y hasta 300.000 euros para muy graves. Las empresas podrían enfrentar multas de 100.000 euros por infracciones leves, hasta 600.000 euros por graves y hasta un millón de euros por muy graves.
La confidencialidad y anonimato de los denunciantes son fundamentales, y la ley busca garantizar su protección para prevenir represalias como despidos o acoso laboral. Según Miguel Quintanilla, director del Área de Compliance de la consultora Grupo Atico34, alrededor del 70%-75% de las empresas podrían haber implementado el canal de denuncias, pero aún quedan entre 5.000 y 6.000 empresas por cumplir con esta obligación. Muchas pymes han optado por externalizar el servicio para evitar costos y conflictos de interés, dada la carga burocrática y de costos que ya enfrentan.
La nueva ley también afecta a ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes y a empresas que, independientemente del tamaño de su plantilla, operan en sectores críticos para la UE. La implementación de estos canales de denuncias busca fomentar la transparencia y el cumplimiento normativo, protegiendo a aquellos que denuncian prácticas ilegales o corruptas dentro de las organizaciones.
(Expansión, 01-12-2023)
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